Proyecto de APEL

PIDEN RESARCIMIENTO PARA LOS LEGISLATIVOS PRESCINDIDOS DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA

El gremio de los trabajadores legislativos rionegrinos (APEL) envió hoy una nota a la legisladora Silvina García Larraburu para que analice la posibilidad de presentar un proyecto que repare la injusta situación que atraviesan los trabajadores de ese sector que cesanteados durante la última dictadura militar. La iniciativa fue elaborada por el sindicato en 1997, pero los parlamentarios de ese momento lo archivaron.

APEL tuvo en cuenta la presentación de un proyecto por parte de García Larraburu para que la Cámara de Diputados de la Nación haga un pronto tratamiento de una propuesta de la diputada Patricia Fadel, que contempla medidas resarcitorias a dichos trabajadores, debido a la inconstitucionalidad de los decretos ley promulgados por el gobierno de facto. El Expediente apunta a una reparación histórica de todos aquellos ex agentes y empleados del Estado Nacional, Provincial, Municipal, Empresas Públicas, Universidades Nacionales y Asociaciones u Organizaciones intervenidas por la dictadura, que hayan sido cesanteados u obligados a renunciar por motivos políticos o gremiales con anterioridad al 10 de Diciembre de 1983. Las autoridades de APELcoincidieron en que las cesantías o suspensiones durante la dictadura militar no poseían justificativo alguno y obedecían directamente a una política represiva aplicada a todos aquellos que poseían alguna actividad política o gremial. Sin embargo, hay diversos aspectos particulares que incumben únicamente a los trabajadores legislativos rionegrinos prescindidos. La iniciativa de APEL tiende a cubrir un vacío existente en la legislación provincial, que provoca que a esos empleados sólo se les reconozca la antigüedad para la instancia previsional y no para los fines remunerativos de sus haberes mensuales. Además, el daño para nuestro sector fue doble, ya que en primera instancia fueron damnificados durante esos años, pero posteriormente también los afectó la democracia. La Ley para Prescindidos, elaborada por APEL, tenía la intención que se reconozca como antigüedad en los sueldos los años que trabajadores del Parlamento fueron relegados por la dictadura. Tras mucho insistir lograron que de sus salarios, una vez que fueron reincorporados, les efectuaran una quita extraordinaria con destino a corregir esta injusta situación. Mediante esta medida cada legislativo prescindido durante los años “negros” aportó de su bolsillo una suma de dinero equivalente al aporte previsional de ese lapso de tiempo. Sin embargo, nunca sospecharon que un gobierno democrático –en el que depositaban todas sus esperanzas, especialmente luego de la etapa atravesada- también iba a defraudarlos (salvando las distancias entre un sistema y otro). En este caso, el desfalco fue económico y se mantiene hasta la actualidad: aún no lograron que esos años figuren en su concepto salarial de “antigüedad”, pese a los aportes hechos. “No podemos aceptar la continuidad de una política salarial especial para quienes en 1976 fueron prescindidos y regresaron a sus puestos laborales mediante la Ley Nº 1.794, los que perciben menores haberes que un compañero que no fue perseguido por la dictadura”, señalaron desde APEL. Lamentablemente el proyecto de 1997 cayó en ‘saco roto’ y fue archivado por los legisladores que en ese momento componían la Cámara. Sin embargo, los legislativos rionegrinos abrigan esperanzas para que los actuales bloques “tomen la determinación de llevar adelante esta reparación histórica, particularmente en una época donde se destaca el respeto a los derechos humanos de todos los argentinos, especialmente los afectados por la dictadura militar”.

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